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Por cada kilo de envases se deberá pagar 0,45€, con esto, el gobierno estima que recaudará unos 724 millones de euros anuales a partir de julio de 2021, que es la fecha prevista para que la ley entre en vigor. Con este impuesto, España responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, ya que tenemos un gran margen de mejora en materia de fiscalidad verde en cuanto a comparación con los países de nuestro entorno.

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Opinión de los expertos

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José Ramón Becerra, el coportavoz de EQUO Berdeak en Euskadi pone en duda la eficacia de este nuevo impuesto. El político de EQUO manifiesta que los impuestos indirectos como este los paga el usuario final, “normalmente no sirven para reducir su uso por parte de los fabricantes, excepto que sean disuasorios; es decir, que su importe sea tan elevado que haga inasumible su uso”, asegura Becerra.

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Alberto Vizcaino, el bloguero y autor del libro del libro “Contenedor Amarillo S.A” asegura que el importe de este impuesto es una cantidad simbólica y afirma que no es suficiente para disuadir al consumidor de utilizar este tipo de envases de usar y tirar ni incentiva a las envasadoras a utilizar otros materiales. “Es un impuesto necesario, pero no suficiente”, reconoce Vizcaino.

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Por otro lado, Xabi Aramendia, portavoz de “Fridays For Future Bilbao”, celebra que se implante esta nueva medida: “La verdad, a Europa le hacía falta tener un impuesto de tal magnitud”. Aramendia afirma que con este nuevo impuesto se intenta que las envasadoras opten por materiales más degradables y de más de un uso.